IV. DREAMERS: UNA REALIDAD SIN SUEÑOS

 “DACA is a very, very difficult subject, for me.
Because you have these incredible kids, in many
cases, not in all cases. Some of the cases they’re
having DACA and they’re gang members and
they’re drug dealers too. But you have these
absolutely incredible kids.… It’s a very tough
subject. We’re going to deal with DACA with
a lot of  heart.”

Donald Trump, febrero de 2017

 

Uno de los temores que desde la campaña política de Donald Trump crecía de forma desmesurada entre los jóvenes mexicanos con situación migratoria irregular en los Estados Unidos, se desvaneció el pasado 16 de junio cuando se anunció que el programa conocido como Acción Diferida para los llegados en la infancia (Deferred Action for Childhod Arrivals, DACA) continuará vigente en los términos establecidos por Barack Obama en junio de 2012.

Este anuncio soterró la manida referencia del Donald Trump de “poner fin inmediato a las amnistías ejecutivas ilegales aprobadas por el Presidente Obama” y así los beneficiarios del programa DACA podrán renovar sus permisos temporales de estancia cada dos años sin temor a ser deportados. En su comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Interior también descartó que los permisos temporales de trabajo otorgados en el marco de este programa puedan concluir antes de su fecha de expiración.

Lo que sí confirmó dicho Departamento, fue la rescisión de un programa de beneficios ampliado propuesto también por el presidente Obama en noviembre de 2014: el programa Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Legales (Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, DAPA), el cual nunca se aplicó debido a la inconformidad judicial que presentaron varios Estados y a la resolución de una corte federal que, en febrero de 2016, impidió temporalmente su aplicación.

Mantener vigente el esquema DACA se traduce en que alrededor de 500 mil de sus beneficiarios, tres cuartas (¾) partes de ellos mexicanos, podrán renovar durante 2017 los siguientes 2 años su estatus actual. Igualmente se espera un incremento de nuevas solicitudes para acogerse a este programa: según el Pew Research Center (PRC) podría llegar a 1.2 millones. Hasta marzo del presente año, de acuerdo a la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS), 787,580 jóvenes han sido elegidos para disfrutar de los beneficios que ofrece DACA y de esa cantidad, 618,342 (78% del total) son mexicanos. Paralelamente, desde su creación en 2012, se han emitido renovaciones de forma bianual, habiendo aprobado hasta el primer trimestre del presente año 799,077 solicitudes, de las cuales 622,170 fueron otorgadas a mexicanos (77% del total).

En la complejidad del fenómeno migratorio entre México-Estados Unidos exclamar albricias por la medida expuesta parecería exagerado, sin embargo es evidente un avance hacia una solución integral. En el momento actual el siguiente nivel de propuesta trasciende el Ejecutivo de ambos países y la primera escala definitivamente se orienta en sus respectivos poderes Legislativos. Del lado estadounidense es evidente el agotamiento del recurso de órdenes y memorándums ejecutivos, lo que motiva tanto el rescate de propuestas legislativas previas como el diseño de novedosas propuestas para afrontar la coyuntura vigente. Del lado mexicano, a las acciones de protección a mexicanos que coordina la cancillería, se han sumado estrategias de otras dependencias (Educación y Gobernación), pero sobre todo han emergido novedosas posturas y quehaceres por parte del Senado y de instituciones de educación superior respecto a la situación predominante.

A partir del enfoque y el tratamiento federal que tiene el tema migratorio en los Estados Unidos, en algunas comisiones senatoriales se debaten propuestas tendientes a traspasar el beneficio temporal que reciben los beneficiarios del programa DACA, mejor conocidos como DREAMers, apelativo que se les adjudicó a partir de una añeja propuesta de ley que les ofrecía una amnistía definitiva: la DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act), presentada en 2001 por los senadores Richard Durbin (Demócrata-Illinois) y Orrin Hatch (Republicano-Utah) y que desde entonces fue presentada en versiones distintas hasta 2010, cuando fue aprobada por los Representantes (diputados), más rechazada por los Senadores estadounidenses.

Actualmente, la propuesta más notoria es la Bar Removal of Individuals who Dream and Grow our Economy, mejor conocida por su acrónimo BRIDGE Act, presentada en diciembre de 2016 por senadores demócratas y republicanos que buscan ampliar el universo de beneficiados por el programa DACA y protegerlos, igual que a sus padres, de cualquier deportación inesperada o anticipada. Adicionalmente pretende una inserción paulatina al mercado laboral estadounidense de quienes cumplieron con los requisitos y plazos establecidos en el programa.

Aunque es incierto el destino que tendrá esta propuesta al interior de una cámara con predominancia republicana, lo trascendente es que es respaldada por senadores que representan a algunos de los estados donde se encuentran las mayores concentraciones de DREAMers: California, Texas, Illinois, Nueva York, Florida y Arizona, lo cual constata su conocimiento del impacto que esta estrategia migratoria ha tenido en sus entidades de origen. En esta misma sintonía, en enero de 2017 un grupo de Representantes de los dos partidos propusieron un proyecto idéntico en su respectiva soberanía, lo cual brinda un respaldo adicional a la propuesta senatorial.

Aparte del ámbito legislativo, desde hace algún tiempo oficinas estatales y municipales, igual que ciertos colegios y universidades, han establecido programas enfocados en las colegiaturas que sufragan los DREAMers, ello a fin de que continúen con sus estudios y no deserten por razones económicas, situación que los obliga a trabajar. Estos esfuerzos, que llevan el mismo cauce de atención que procuran los legisladores, representan esfuerzo notable hacia la obtención de un estatus legal y definitivo que les permita su plena inserción social y económica en los Estados Unidos.

En México, la atención a este grupo comenzó a incrementarse a partir de los declaraciones de Donald Trump para nulificar las acciones emprendidas por su predecesor y con las órdenes ejecutivas expedidas días después de asumir su mandato presidencial: Enhancing Public Safety in the Interior of the United States (Enero 25, 2017) y Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking (Febrero 9, 2017), cuya ejecución motivó la detención -la deportación incluso en algunos casos- de DREAMers durante el primer trimestre de 2017.
Ante tal tendencia, las acciones de protección de los consulados se fortalecieron y se reformularon en ciertos rubros. A la campaña inicial de difusión del programa DACA, se agregaron acciones de asesoría legal con el apoyo de abogados consultores, horarios extendidos para la obtención de pasaportes y ayuda económica para obtener documentos de identidad y suscribirse al programa. De acuerdo al cuarto informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), desde 2012, los 50 consulados de México en los Estados Unidos habían organizado más de 7 mil eventos informativos, con actores locales estratégicos como organizaciones pro inmigrantes, escuelas de derecho, iglesias o abogados; con quienes organizaron sesiones informativas, clínicas legales y ferias educativas. Asimismo, hasta mayo de 2016, se habían destinado más de un millón de dólares para apoyo a trámites de DACA en beneficio de 24,071 jóvenes.

Además de estas acciones, y como hasta mayo pasado se desconocía el destino que tendría el programa, se asumió como premisa el regreso de un número considerable de DREAMers a México. Así, la Secretaría de Educación Pública anunció acciones a favor de la reinserción de estos jóvenes al ámbito educativo nacional: la reducción de requisitos para ingresar a cualquier nivel educativo; la simplificación del trámite de revalidación de estudios; la identificación de instituciones con mayores posibilidades de recibir a estos jóvenes; la promoción del ingreso de los estudiantes al sector productivo y la certificación de sus competencias laborales. Para aglutinar todos estos esfuerzos se estableció la página de internet www.mexterior.sep.gob.mx y la línea telefónica de Mexterior.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), inició el Programa Universitario Emergente Nacional para la Terminación de Estudios Superiores, con el cual los repatriados podrán incorporarse al sistema educativo nacional. En esa misma tendencia, la UNAM anunció un portal electrónico para facilitar cualquier solicitud de revalidación de estudios y destacó los convenios de colaboración con más de un centenar universidades estadounidenses, lo cual facilita la obtención de cualquier información académica adicional que requieran los repatriados.

En el ámbito legislativo, el Senado mexicano ha incrementado el monitoreo al Ejecutivo sobre este tema y, siguiendo la misma tendencia de su símil estadounidense, en febrero pasado presentó como iniciativa la Ley para la Atención y Protección de los Mexicanos en el Exterior y su Retorno Ordenado y Favorable, misma que entre sus apartados refrenda el derecho a la educación que tienen todos los mexicanos y refiere medidas para garantizar su acceso. Adicionalmente, senadores de diversos partidos pusieron en marcha la llamada Operación Monarca, cuyo objetivo es tejer alianzas entre senadores de entidades expulsoras de migrantes y las llamadas “ciudades santuario” en Estados Unidos, a fin de defender a los derechos de los mexicanos en diversos ámbitos.

En el entramado de decisiones ejecutivas, propuestas legislativas, iniciativas en otros niveles de gobierno y acciones de actores académicos, lo que aflora es la atención parcial a un problema mayor. Cualquier camino que se transite es relativo, respecto a la verdadera necesidad: una reforma migratoria integral que incluya tanto a los DREAMers como al grueso de los mexicanos con irregularidad migratoria en aquél país.

En el caso que nos ocupa es evidente que los DREAMers van un paso adelante de sus connacionales, ya que con la reciente renovación del programa -y asumiendo su conclusión en algún momento futuro- quienes están inscritos podrán solicitar su permanencia en aquel país. Permanecer por cinco años consecutivos, contar con antecedentes laborales positivos y no tener antecedentes criminales, son pautas firmes hacia nuevas rutas legales para solicitar su permanencia en territorio de los Estados Unidos.

Quienes decidan volver a nuestro país, motu proprio, o debido a alguna decisión inesperada sobre su situación legal en aquél país, afrontarán un margen reducido de expectativas. Su recurso inmediato es el idioma, el cual pueden certificar, como lo están haciendo ya algunos, para poder desempeñarse como maestros de inglés en México. Aquellos que decidan continuar con sus estudios, afrontarán como primer obstáculo la revalidación, la cual aunque ahora tiene un trámite expedito, seguirá siendo perniciosa en contenido, ya que la diferencia en los modelos educativos de ambos países es notable y complica una igualación paritaria. Por último, quienes regresen decididos a obtener su título profesional en alguna universidad afrontarán la saturación en ciertas carreras y aunque la SEP asegura que el sistema educativo nacional contaría con capacidad para recibir hasta 100 mil estudiantes para que concluyan su carrera, lo cierto es que algunas universidades públicas están al límite de su capacidad para el ingreso en ciertas áreas de conocimiento.

En este contexto, lo mejor es asegurar su permanencia en los Estados Unidos y para ello es necesario que las secretarías de estado sumen esfuerzos con el poder legislativo. Lo que compete a la cancillería se enfoca en una defensoría legal sólida y en la asistencia de casos individuales, ya sea con despachos externos o con abogados que sean parte del equipo consular. La SEP y otras instancias de educación superior podrían tejer una amplia red de vinculación con estos jóvenes, a fin de insertarlos al sistema educativo nacional paulatinamente.

Por su parte, en pleno apego a sus atribuciones, el Senado podría sumarse a los esfuerzos del Ejecutivo, ya que su presencia e impacto en los Estados Unidos tendrá mayor efectividad si acompaña de manera organizada y estratégica a quienes conducen y ejecutan la política exterior.

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